Ya los dominicanos no “vivimos de espaldas al mar“. Con el avance del turismo hemos también abrazado a nuestras playas como sitios recreacionales por excelencia. De ahí que, al ser las playas de “dominio público“, se resientan los impedimentos a su acceso que han creado algunos proyectos turísticos.

Los conflictos derivados de este viejo problema requieren atención. Una cara de la moneda es la airada posición de hoteleros y otros dueños de terrenos playeros al defender su derecho a la privacidad. La otra es la de la población que no puede pagar la estadía en hoteles de playa y que le enrostra al turismo ese feo aspecto de “exclusión social”. En ambos casos subyace una colisión entre el interés privado y el colectivo.

Es bien aceptado que toda propiedad privada está sujeta a una hipoteca social. Pero en este caso el problema no es el de la propiedad privada, es decir, nadie cuestiona la legitimidad de la propiedad de hoteles y residencias en zonas playeras. Lo que arde en controversia es el uso y disfrute de la “franja marítima”, la cual es declarada de “dominio público” por el primer artículo de la vigente Ley No. 305 del 1968 (ratificada por la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente)